Contrato de explotación de bienes y derechos patrimoniales por adjudicación directa.

- SOLICITUD
- Documentación acreditativa de la CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN especificada en el epígrafe JUSTIFICA de la Solicitud.
La documentación a aportar deberá ser presentada en alguno de los formatos de documentos aceptados.

Objeto

Contratar con un particular la explotación de bienes patrimoniales participando la Administración en los beneficios derivados de la explotación.

A quién está dirigido:

Ciudadanos, Empresas y Administración

Inicio del trámite:

Interesado

Grado de administración electrónica:

Nivel 4: Tramitación electrónica completa

Se publica en la Ventanilla Única Europea:

Requisitos previos:

No se exigen

Tasas:

No se exigen

Medios de presentación

Electrónico:
Presencial:: Diríjase a cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Canarias, así como a los demás registros regulados por el art 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Plazo de presentación:

Todo el año

Competencia:
La explotación de los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma que no estén destinados a ser enajenados, y sean susceptibles de aprovechamiento rentable, será acordada por el director general competente en materia de patrimonio, cuando el presupuesto de explotación no exceda de120.000,00 euros, o el valor del bien no supere los 150.000,00 euros. En caso contrario, la competencia corresponde al Consejero competente en materia de Hacienda.
Recursos que se pueden interponer:
-Recurso de Alzada, sí el órgano que resuelve es el Director General competente en materia de patrimonio.
-Recurso de Reposición, sí el órgano que resuelve es el consejero competente en materia de hacienda

Normativa autonómica

Artículo 90 y ss. de la Ley 6/2006, de 17 de julio, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 141, de 21.7.2006).

Artículo 249 y ss. del Decreto 133/88, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.